Abierto el plazo de recepción de propuestas para extender la banda ancha de muy alta velocidad y 5G en zonas rurales

Con el fin de impulsar la cohesión territorial y la transformación digital, los proyectos que se propongan deben permitir cumplir los objetivos incluidos en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y en la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, publicados el pasado 1 de diciembre de 2020, en el marco del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia de la economía española.

En el caso del Plan para la Conectividad, las metas son alcanzar el 100% de la población con cobertura de 100 Mbps en 2025 y, como hito previo, el 100% de cobertura de banda ancha de 30 Mbps en 2023.

En el caso del despliegue de las redes 5G, el objetivo es que en el año 2025 el 75% de la población tenga cobertura de 5G mediante sus bandas prioritarias (694-790 MHz, 3.400-3.800 MHz y 24.25-27.5 GHz). Pero, además, y dado el enorme potencial transformador de la tecnología, el propósito es adelantar el despliegue de redes 5G en zonas rurales y de población dispersa, áreas en las que los operadores tardarían en llegar con los modelos de despliegue convencionales. De esta manera, esas zonas podrán obtener los beneficios transformadores de las redes y servicios 5G desde un primer momento.

Las propuestas deben señalar qué instrumentos se considerarían los más adecuados para alcanzar los fines mencionados, en qué condiciones y, en su caso, el interés de los agentes en participar en dichos instrumentos. El llamamiento está abierto a todo tipo de agentes privados y públicos, como operadores de infraestructuras, operadores mayoristas, operadores minoristas, tanto de forma individual como asociados para el proyecto.

Los proyectos contarán con apoyo de la financiación pública, por lo que las propuestas deberán cumplir con el marco normativo de ayudas de Estado de la Unión Europea y su aplicación en el ámbito del despliegue de redes de banda ancha. De igual modo, se solicita que se adecuen a los Instrumentos de colaboración público-privada descritos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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