La Federación Española de Municipios y Provincias está preparando alegaciones de cara a la negociación con el Gobierno sobre la reforma local, según ha anunciado ayer su Presidente, Íñigo de la Serna.
Respecto del bloque competencial, el Presidente de la FEMP ha vuelto a insistir en que la educación es una cuestión clave y en que las Entidades Locales “no estamos de acuerdo con asumir el mantenimiento y limpieza de los colegios, porque es una competencia de las Comunidades Autónomas”. Es una cuestión de “sentido común” y por eso “vamos a pedir que la educación sea asumida y financiada íntegramente por quien tiene la competencia”, añadió.
En relación con esta competencia y la de sanidad, De la Serna recordó que otra de las alegaciones es la que pedirá que los servicios correspondientes a ambas sean traspasados a las Comunidades Autónomas en el plazo de un año, y no de cinco como figura ahora en el texto del anteproyecto.
El máximo representante de los gobiernos locales españoles aludió al papel “desproporcionado” que se les otorga a los interventores en el anteproyecto actual, puesto que se les da la potestad de controlar la eficacia de los servicios. Al respecto, afirmó que las cuestiones de oportunidad “siempre deben residir en el ámbito político”.
Retribuciones
En relación con las retribuciones, consideró necesario que se clarifiquen, sobre todo en las referidas a los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes, “para que puedan recibir algún tipo de retribución, aunque sea con dedicación parcial”.
También comentó la necesidad de los Ayuntamientos de municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes puedan tener algún trabajador eventual, para garantizar la prestación de servicios básicos, se trata de que el Alcalde tenga alguna ayuda, “sobre todo si no cobra sueldo alguno”.
Intervención de Ayuntamientos
El Presidente de la FEMP también se refirió a que en el anteproyecto se contempla la posibilidad de intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Sobre este punto, volvió a insistir en que ya existen suficientes mecanismos de control y que “no es lógico que haya un proceso de intervención”. Por ello, anunció que pedirán que se elimine esta medida.